Insisto en que la obligatoriedad no es un asunto médico porque no es un asunto científico, sino de derechos humanos. Existe en nuestro país como una verdadera aberración solo porque quienes la decretan no se hacen responsables de lo que pase.
Los derechos humanos son barreras que protegen a las personas de los abusos de un soberano o una mayoría. En Atenas se dice que mujeres, niños y esclavos carecían de derechos. Eso es cierto, pero incluso los ciudadanos carecían de ellos. Una mayoría podía decidir si se desterraba a alguien y este perdía su hogar y su ciudadanía. Una mayoría decidía sobre la vida y la muerte de alguien. Una mayoría decreto la muerte de Sócrates y, en Palestina, otro decreto la muerte de Jesús cuando prefirió que viviera Barrabás.
Según nuestra constitución, nadie puede ser desterrado o ejecutado, aunque una mayoría así lo quisiera. El derecho a la libertad es semejante, nadie puede quitármela sin orden de un juez y solo si he cometido un delito. La salud es algo tan mío como la libertad o la vida. El derecho a la salud significa que el Estado no puede quitármela al imponerme un fármaco o un procedimiento médico. Por eso la obligatoriedad es de corte fascista y contraria a los derechos humanos. Imaginemos que el Estado decide ejecutar a una sola persona. Ya con eso está infringiendo la Constitución y los derechos humanos. O que destierra a otra persona o le quita la libertad arbitrariamente. Aunque sean unas pocas personas las que sufren esos ataques, ya los derechos de todos han sido atropellados.
Ahora imaginemos a un Estado que hace obligatorio un medicamento. Supongamos que puede ser inocuo para la gran mayoría, a algunos los beneficia, pero al 1% le quita la salud y el Estado no se hace responsable por ello. Con solo eso atropelló los derechos humanos de toda la población. Por eso la obligatoriedad no debe existir, porque si obligo a toda la población a tomar un fármaco y uno muere, es como si hubiese matado a todos.
El conflicto no es entre salud pública y autonomía de la voluntad como dijo la Sala IV. Es entre una supuesta salud pública y la salud personal. Con solo una persona a la que el Estado le quite la salud ya está atropellando los derechos humanos de todos. No es como dice un trol por ahí, que calculemos efectos adversos por cada 100000 frente a daños del COVID por cada 100000. La cosa es que, si obligo a alguien a tomar algo, tengo que estar absolutamente seguro de que no le voy a quitar la salud o la vida, porque esos son derechos inalienables de esa persona.
Luis Solórzano
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