La ciencia no tiene absolutamente nada que ver con la obligatoriedad, si fuera así, las grandes potencias científicas la habrían incorporado en su legislación. Ningún médico tiene derecho de hacer obligatorio un medicamento ni para un paciente ni menos para todo un país, sobre todo si no se hace responsable de una sola reacción adversa. Solo pasa en un país como este, en que las leyes están pésimamente redactadas. “Garantizase la gratuidad y obligatoriedad”, dice la ley. Se puede garantizar que algo es gratuito, pero no que sea obligatorio. La ley no establece sanciones para el que no se vacune. De hecho no obliga a nadie a vacunarse sino al estado a comprar vacunas.
Es como cuando dice: la educación es gratuita y obligatoria… no he visto a nadie que lo metan a la cárcel por no llegar a noveno año ni que le coarten el derecho a trabajar o lo despidan sin responsabilidad patronal. No hay sanciones en la ley, la CNVE no puede poner sanciones, tampoco los decretos lo hacen, pero dejan a los patronos la libertad de imponerlas, lo que ha desembocado en un linchamiento contrario a los derechos humanos, aplaudido por mentecatos que se sienten enfermos cuando alguien es saludable sin recurrir a las sustancias que ellos se inocularon. La obligatoriedad tendría un remoto sentido si la vacuna cortara la transmisión del virus o lo eliminara. Pero no lo hace. Los casos en Costa Rica han subido seis veces desde que hay inoculaciones contra el COVID-19 y los que más han sufrido son los adultos mayores, los más vacunados.
La CNVE no podía legislar, desde un punto de vista moral, sobre obligatoriedad. Ningún pediatra atiende mujeres embarazadas, las remite a un ginecólogo. Dos pediatras decidieron que la vacuna no causaba problemas en embarazadas, sin hacer un solo experimento al respecto, basados en un “estudio” que abarcó a poco más de 600 mujeres y en el que solo se tomó en cuenta la cantidad de abortos, no posibles malformaciones ni otros efectos adversos. Daniel Salas, director de la comisión, es no máster en epidemiología. Pues legisló para imponer vacunas en niños, embarazadas, etc.
Estos médicos hicieron contra el país lo que jamás harían en sus consultorios personales.
Invadieron especialidades que no les corresponden con base en estudios tan pobres como el de los niños en Estados Unidos y la vacuna pediátrica, menos de 2000 infantes, protección de apenas 90% calculada una semana después de la segunda dosis, cuando ni siquiera habían empezado a desarrollar anticuerpos. Igual hicieron caso omiso a riesgos como pericarditis, miocarditis, trombocitopenia… sin ser cardiólogos o vasculares periféricos. Hay dos pediatras en la CNVE porque se suponía que el esquema de vacunación obligatorio empezaba siempre con los menores de edad. Pero el no máster Salas empezó con los adultos mayores, con quienes experimentó mezclando marcas, sin ser gerontólogo ni tener un solo especialista de ese tipo en la CNVE. Toda nuestra legislación debe ser revisada porque no se puede dar tanto poder a médicos con tan poca preparación.
Luis Solórzano Sojo
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