Hay muchas personas que no tienen la sofisticación para entender el enredo alrededor de la obligatoriedad de la vacunación. Oyen al Presidente y a la Ministra de Salud decir que ya no es obligatoria, pero luego ven comentarios de abogados y analistas y entonces nada queda claro. Por eso creo justo aclarar lo siguiente: esto está tan enredado que ya nadie entiende ni sabe a quién seguir.
Hay una crisis de liderazgo y tantos que quieren aprovecharse de las circunstancias para ganar aplausos y notoriedad que la propia Procuraduría General de la República y las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social piden tiempo para analizar la cosa. Chaves dice que ya no es obligatoria la vacuna y que sería ilegal despedir a alguien por no vacunarse mientras que la Ministra asienta y dice que los abogados del Ministerio de Salud concuerdan en que los acuerdos de la CNVE fueron ilegales y que por lo tanto no pueden aplicarse.
El problema es que no son solo los acuerdos de la CNVE, sino que el Poder Ejecutivo en la administración pasada emitió sendos decretos de obligatoriedad y esos decretos siguen vigentes hasta tanto el Poder Ejecutivo no los derogue. Por otra parte hay quienes dicen que el hecho de que uno o dos nombramientos estuvieran vencidos no da para que automáticamente se tenga a los acuerdos como ilegales o ineficaces.
Entonces, es un tema tan complejo como incomprensible resulta que Chaves tenga tanto miedo de derogar los decretos de obligatoriedad de una vez por todas. Solo una derogatoria contundente de los decretos de obligatoriedad dictados durante la pandemia daría claridad a tanta confusión. Eso o que sea un juez el que ordene la suspensión de esos decretos de obligatoriedad, lo cual podría pasar en cualquier momento en los procesos contenciosos que tenemos en marcha.
Si partimos de que los acuerdos de la CVNE tomados desde que han venido sesionando con personas sin nombramiento, son absolutamente nulos y que esto es declarable de oficio, eso lo que puede hacer es servir como base para que el Poder Ejecutivo anule los decretos de obligatoriedad promulgados por la anterior administración. Mientras los decretos de obligatoriedad no sean derogados por el Poder Ejecutivo, o anulados por sentencia judicial, siguen vigentes y son de acatamiento obligatorio.
Lic. Arcelio Hernández Mussio
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