El pasado 2 de octubre de 2025 se le enviaron diversas consultas al presidente Rodrigo Chaves acerca de diversas declaraciones que brindó en el pasado. Específicamente se le consultó:
1-¿Qué pasó con la investigación que dijo que iba a hacer cuando mencionó el 03-ago-2022 en la conferencia de prensa: “Vamos a investigar por qué compraron tantísimas vacunas”, refiriéndose a las vacunas contra el COVID-19?
2-Su persona dijo que iba a investigar los contratos de compra de esas vacunas, pero nunca mencionó públicamente los pésimos términos aceptados en el contrato de AstraZeneca, ¿Por qué?
Contrato de AstraZeneca para Costa Rica3-Desde el 23 de julio de 2021 se conocen algunos de los graves efectos secundarios no informados, ya que nunca se dio el consentimiento informado. En una nota informativa del Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) llamada: “Nueva información de seguridad para las vacunas contra la COVID-19“, se detallan algunos efectos secundarios conocidos de las inoculaciones de Pfizer y AstraZeneca. Entre los mencionados están:
Trombosis y Disminución de Plaquetas con la vacuna de AstraZeneca.
Síndrome de Fuga Capilar con la vacuna de AstraZeneca.
Miocarditis y Pericarditis con la vacuna de Pfizer-BioNTech.
Síndrome de Guillain-Barré con la vacuna de AstraZeneca.La exministra Joselyn Chacón, dijo en septiembre del 2022 que: “no podía referirse a los efectos adversos… por el contrato de confidencialidad”, esto es completamente falso porque en ningún contrato se mencionan a detalle efectos secundarios ni en el de AstraZeneca y menos en los contratos de Pfizer que se conocen de otros países y se sabe que cuentan con peores condiciones que el contrato de AstraZeneca.
Al día de hoy también se conoce que están produciendo: cánceres agresivos conocidos como “turbo cáncer”, muertes súbitas e infartos. ¿Por qué estos graves efectos secundarios se omitieron informar e incluso hasta el día de hoy?
4- ¿Por qué mintieron en la PETICIÓN: 102-22 del abogado ARCELIO ALBERTO HERNÁNDEZ MUSSIO Y OTROS?Respondiéndole a la CIDH textualmente:
Además, es claro que no se configura una violación al derecho a la salud al brindarse información suficiente antes de la colocación de la vacuna. Al respecto, se ha informado de los efectos secundarios, pero sobre todo se ha garantizado que la vacuna no es experimental, sino un medicamento que cuenta con la aprobación de agencias regulatorias estrictas, como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).
Página #9…el consentimiento informado debe protegerse, pero bajo una serie de requisitos y limitaciones, en los siguientes términos: “Toda vacuna contra el COVID-19 que el Estado vaya a suministrar debe contar con el consentimiento previo, libre e informado de la persona que la recibe. Ello implica que toda persona tiene derecho a que los prestadores de servicios médicos suministren información sobre las vacunas contra el COVID-19 que puedan recibir. Dicha información
debe ser oportuna, completa, comprensible, clara, sin tecnicismos, fidedigna, culturalmente apropiada, y que tome en cuenta las particularidades y necesidades específicas de la persona”.
Página #18Cuando existe evidencia por escrito cuestionando directamente al exministro de Salud, Daniel Salas, en la que dice que sí debería darse, la CCSS lo contradijo diciendo que en “ninguna vacuna se utiliza el consentimiento informado” y finalmente dicho consentimiento informado nunca se brindó.
5-Su persona dijo el 27 de marzo de 2023:
“Desde el primer día de mi gobierno trabajamos en la eliminación de la obligatoriedad de la vacuna porque creemos en la autonomía y en la voluntad de las personas para tomar decisiones.” Mensaje oficial cuando se anunció el cambio de la CNVE.Entonces, ¿Por qué mantienen esa obligatoriedad de las vacunas contra el COVID-19 en niños? A pesar de los graves efectos secundarios no informados y que no se brinda el consentimiento informado. Hoy en día esa obligatoriedad está suspendida por medidas cautelares otorgadas por los tribunales de la jurisdicción contenciosa administrativa por parte del abogado Arcelio Hernández.
6-¿Quién se va a hacer responsable de las muertes y graves efectos secundarios provocados por esas vacunas? La evidencia abunda:
No tiene que recibir más vacunas
Testimonio de Ingrid Mora
Una pandemia de efectos secundarios
Los afectados exigen ser escuchados
Casos de “repentinitis”
El relato de un director de una funeraria
Una hora de Testimonios
A pesar de que las preguntas están basadas en declaraciones que dio Rodrigo Chaves y se especificó que las preguntas eran para él, la que responde de forma escueta y evasiva es Mary Munive, como segunda exvicepresidenta y exministra de salud, en el oficio MS-DM-5743-2025:
En atención a su solicitud de fecha 2 de octubre del presente año, se le indica que el Ministerio de Salud, efectuó una investigación sobre la compra de vacunas contra el COVID-19, misma que se encuentra finalizada y archivada.
Además, sobre lo indicado en cuanto al consentimiento informado, es importante mencionar que la entidad que aplicó las vacunas contra el COVID-19 en Costa Rica, a nivel público, fue la CCSS. Siendo así no corresponde al Ministerio de Salud referirse al respecto.
Otro aspecto que se debe indicar, sobre lo descrito por su persona en cuanto a la supuesta mentira dada en la respuesta a la petición 102-22, la misma constituye una apreciación subjetiva, por lo que omitimos hacer referencia al respecto.
Sobre la obligatoriedad de las vacunas contra el COVID-19 en niños, este tema se mantiene bajo conocimiento en instancia judicial, por ello, respetuosos de dicho sistema, omitimos hacer referencia al respecto.
Por último, en cuanto a lo indicado en el punto número 6 de su correo, y al ser consultado también ante la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), desde dicha instancia se le dio respuesta según oficio N° CARTA-MS-CNVE-130-2025.
Este oficio CARTA-MS-CNVE-130-2025 al que hace referencia Munive se refiere a la respuesta brindada a la pregunta:
¿Los miembros de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) se van a responsabilizar de los graves efectos secundarios no informados producidos por las vacunas “contra el COVID-19”?
Donde la CNVE hace toda una explicación para justificar la aplicación de las vacunas COVID-19 concluyendo principalmente:
- Los beneficios de la vacunación contra la COVID-19 superan ampliamente los riesgos conocidos en la población general por dicha enfermedad y sus complicaciones.
- En Costa Rica, los reportes de efectos adversos son principalmente leves.
- La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) actúa en el marco de sus competencias legales y técnicas, conforme a lo dispuesto en la Ley Nacional de Vacunación (Ley N.º 8111) y la Ley General de Salud (Ley N.º 5395), ejerciendo funciones técnicas y de recomendación basadas en evidencia científica y vigilancia epidemiológica. En este sentido, amparados a los Principios Fundamentales de Inocencia y del Debido Proceso, los miembros de la CNVE no son responsables ni individual, ni colectivamente, por efectos adversos graves que pudieren presentarse tras la vacunación, siempre que hayan actuado conforme al marco legal, técnico y ético vigente.
Es bastante contradictorio que la CNVE manifieste que “los beneficios de la vacunación contra la COVID-19 superan ampliamente los riesgos conocidos en la población general por dicha enfermedad y sus complicaciones” y que “los efectos secundarios según los reportes son principalmente leves”, pero reconozca que nadie se hace responsable de los graves efectos secundarios y muertes producidas por estas vacunas.
Mientras que en redes sociales del Ministerio de Salud, la exministra Mary Munive y exvicepresidenta hace afirmaciones que se leen muy bonitas en la teoría, mientras que en la práctica, al ser cuestionada por sus acciones en el Ministerio, deja mucho que pensar. Según se puede observar en las respuestas brindadas anteriormente, se niega a explicar por qué mantienen esta vacunación obligatoria en menores de edad, obvia la respuesta de la CCSS donde afirmaron que: “En ninguna vacuna se utiliza el consentimiento informado” donde dice “…en cuanto a la supuesta mentira dada en la respuesta a la petición 102-22, la misma constituye una apreciación subjetiva” ¿Cómo va a ser subjetiva una respuesta de la CCSS que afirman algo que ella contradice? ¿Será porque el gobierno de Rodrigo Chaves le mintió descaradamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al afirmar que el “consentimiento informado ha sido respetado en todo momento por el Estado costarricense”?
Y continúan las mentiras…
Según la respuesta brindada por la CCSS el 6 de mayo de 2026, en el año 2025 se compraron 70200 dosis de vacunas COVID-19 por un costo unitario de $14.59 y en el 2026, 100200 dosis a un costo de $14, ambas de la farmacéutica Moderna.
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