El abogado Luis de Miguel explica que es importante que se sepan los efectos secundarios, los efectos adversos de las vacunas y cualquier otro medicamento, pero no deja de ser una trampa, una estrategia jurídica. Porque las farmacéuticas no son imputables por aquellos efectos adversos que denuncian ellas mismas.
Si la población es consciente de que una vacuna te puede matar, en determinadas condiciones, que te puede dar una endocarditis, una miocarditis o que te puede dar un trastorno degenerativo, no se puede imputar la industria farmacéutica porque se sepa. Es decir desde el momento en que advierte a la población de los efectos secundarios de un medicamento o una vacuna, la empresa farmacéutica ya ha sido imputable.
Cuando tú consumes un medicamento que sabes positivamente o de una manera tácita aceptas que te puede causar un daño, luego no puedes exigir responsabilidad. Sólo podrás exigir responsabilidad a una industria farmacéutica, que no te ha advertido aquello que sabe. Allí es dónde han perdido los juicios, la industria farmacéutica siempre ha perdido aquellos juicios en los que se ha demostrado que tenían información que no habían dado al público.
Lo que está ocurriendo ahora en esta pandemia, es con estos medicamentos, estos tratamientos y estas vacunas se está haciendo extremadamente generoso con la información pública de los daños que pueden causar.
Sin embargo en Costa Rica, el Gobierno sigue sin brindar el consentimiento informado por escrito y muchos menos mencionar a las personas que se inoculan con estas “vacunas contra el COVID-19” los graves efectos secundarios que pueden presentarse.
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