14 meses después de presentar una denuncia ciudadana ante el Colegio de Médicos y el Poder Judicial, la ciudadanía finalmente descubrió que ambas instituciones habían decidido archivarla. Lo curioso no es solamente el archivo: es que ninguna parece tener demasiado interés en explicar por qué.
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La denuncia planteaba una serie de cuestionamientos relacionados con actuaciones de autoridades sanitarias y profesionales durante la gestión de la pandemia de COVID-19, incluyendo posibles infracciones éticas, legales y administrativas.
El escrito solicitaba, entre otras cosas, que se investigaran los hechos y que, de determinarse responsabilidades, se aplicaran las sanciones correspondientes.
En otras palabras, se hizo exactamente lo que las instituciones suelen pedirle a la ciudadanía:
Si usted considera que existe una irregularidad, denúnciela.
Y eso se hizo.
Después vino la parte menos publicitada del proceso:
Esperar.
Y esperar.
Y seguir esperando.
El 11 de agosto de 2026: sorpresa en el Colegio de Médicos
Más de catorce meses después de presentada la denuncia, el 11 de agosto de 2026, nos dimos cuenta de que el Colegio de Médicos y Cirujanos ya había decidido el destino de aquella investigación.
No fue precisamente porque alguien hubiera tenido la gentileza de comunicarnos detalladamente el resultado.
Según informó posteriormente el propio Colegio, la institución llevó a cabo una investigación preliminar bajo el expediente n.° 541-2025 y esta culminó con una recomendación de desestimación y archivo.
El Colegio lo expresó así:
El Colegio profesional procedió dentro de sus potestades a investigar oficiosamente los hechos mediante el expediente n.° 541-2025, correspondiente a una investigación preliminar, como fase preparatoria dirigida a determinar si existía mérito para iniciar un procedimiento administrativo. Dicha investigación culminó con una recomendación de desestimación y archivo, acogida por la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos en sesión ordinaria n.° 2026-03-18, celebrada el 18 de marzo de 2026.
Hay un pequeño detalle temporal que resulta interesante. La Junta de Gobierno habría tomado la decisión el 18 de marzo de 2026. Nosotros nos enteramos el 11 de agosto de 2026. Es decir, aparentemente la investigación terminó mucho antes de que los denunciantes se enteraran de que había terminado.
Pero aquí viene lo mejor.
Naturalmente, surgió una pregunta bastante sencilla:
¿Por qué?
No estamos hablando de una pregunta filosófica sobre el sentido de la vida.
Simplemente:
¿Por qué se desestimó la denuncia?
“Venga a sacar copia”
Para conocer las razones se solicitó al Colegio de Médicos:
Copia del expediente n.° 541-2025 y de la sesión ordinaria n.° 2026-03-18, celebrada el 18 de marzo de 2026 con respecto a la denuncia ciudadana presentada el 10 de junio del 2025.
La respuesta institucional merece ser conservada para la posteridad administrativa:
La información solicitada no se puede brindar por este medio, si gusta, y como lo indica el acuerdo ya notificado, puede venir a sacar copia del expediente en el cuál está la respuesta a su consulta.
Es una respuesta particularmente interesante, porque la pregunta era por qué se desestimó la denuncia y la respuesta fue, esencialmente:
No se lo explicamos por correo. Venga.
Y si quiere conocer las razones, tendrá que desplazarse hasta las oficinas de la Plataforma de Servicios, solicitar las copias y, posteriormente, pagar ¢2.395 por ellas.
Todo esto después de que precisamente se había preguntado por qué motivos se había archivado la denuncia.
Es decir, en pleno siglo XXI, mientras las instituciones hablan de transparencia, acceso, modernización y transformación digital, para conocer las razones de una decisión administrativa aparentemente hay que emprender una pequeña peregrinación burocrática.
La transparencia, al parecer, tiene tarifa de fotocopiadora.
Pero el Colegio tiene una excelente explicación para defender su función
Y aquí aparece una de las ironías más interesantes.
El mismo Colegio de Médicos acaba de publicar un comunicado relacionado con el proyecto de Ley 25.747, en el que manifiesta su preocupación por cualquier regulación que pueda debilitar la capacidad de regulación y vigilancia profesional.
En el comunicado sostiene que la posibilidad de regulación y vigilancia del Colegio resulta indispensable para garantizar un control ético, científico y legal unificado sobre el ejercicio de la medicina.
Y más adelante afirma:
Los colegios profesionales ejercen una función social determinante delegada por el Estado.
Hasta ahí, perfecto.
Pero el comunicado agrega algo todavía más interesante:
Su labor garantiza que la ciudadanía reciba atenciones médicas con rigurosos estándares de calidad y, al mismo tiempo, ofrece a los usuarios el respaldo institucional necesario para denunciar y procesar cualquier eventual mala práctica.
Una frase magnífica, especialmente si uno acaba de presentar una denuncia y está intentando averiguar por qué fue desestimada.
Porque entonces surge una pregunta bastante incómoda:
¿El respaldo institucional incluye explicar las razones por las cuales una denuncia es archivada?
¿O solamente incluye decirle al ciudadano que existe un expediente, que hay una respuesta dentro del expediente y que, para conocerla, debe ir personalmente a sacar copias y pagar por ellas?
28 de agosto de 2026: ahora le toca al Poder Judicial
Y si alguien pensaba que el asunto terminaba ahí, todavía quedaba la otra institución. La denuncia también había sido presentada ante el Poder Judicial.
El expediente correspondiente es el 25-000251-1218-PE, tramitado en el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José.
Después de más de catorce meses, el 28 de agosto de 2026, nos dimos cuenta de que el Poder Judicial también había desestimado la denuncia.
Otra vez aparece la misma pregunta: ¿Por qué?
Y nuevamente nos encontramos con el problema de que no se nos detallaron las causas de esa desestimación. Hay algo particularmente curioso en todo esto. El Poder Judicial dice públicamente:
La corrupción no se encubre. Se investiga.
Magnífico.
Pero una vez que ciudadanos presentan una denuncia, esperan durante más de un año y finalmente descubren que fue desestimada, parece razonable esperar que la siguiente frase sea:
Estas son las razones.
No:
Se desestimó.
Punto.
14 meses de espera para llegar al lugar de partida
Conviene poner las fechas juntas porque así se entiende mejor la dimensión del asunto:
| Fecha | Hecho |
|---|---|
| 10 de junio de 2025 | Se presenta la denuncia ante el Colegio de Médicos y el Poder Judicial. |
| 18 de marzo de 2026 | La Junta de Gobierno del Colegio de Médicos acoge la recomendación de desestimación y archivo según informó el propio Colegio. |
| 11 de agosto de 2026 | Nos damos cuenta de que el Colegio había desestimado y archivado la denuncia. |
| 28 de agosto de 2026 | Nos damos cuenta de que el Poder Judicial también había desestimado la denuncia. |
Y aquí está la pequeña obra maestra del proceso:
La decisión del Colegio estaba tomada desde marzo, pero hubo que llegar hasta agosto para enterarnos. Y respecto del Poder Judicial, hubo que insistir durante meses para conocer el estado de una denuncia presentada en junio de 2025 y obtuvimos respuesta porque se acudió a la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, pero aún nos deben los motivos.
Así que sí:
La denuncia fue investigada. Al menos eso dicen ambas instituciones.
Lo que sigue siendo bastante más difícil de averiguar es qué encontraron, cómo lo valoraron y por qué llegaron a la conclusión de que no había mérito para continuar.
La diferencia entre investigar y explicar
Aquí es donde conviene hacer una distinción.
No se está afirmando que una institución tenga necesariamente la obligación de aceptar una denuncia o de concluir que los denunciados son responsables.
Por supuesto que una investigación puede terminar en un archivo.
Puede determinarse que no existe responsabilidad.
Puede determinarse que los hechos no constituyen una infracción.
Puede incluso determinarse que no existen elementos suficientes para continuar.
Eso forma parte del funcionamiento normal de un sistema institucional.
El problema es otro.
Cuando una institución pública o un ente profesional investiga una denuncia y posteriormente la desestima, los ciudadanos razonablemente quieren conocer las razones que sustentan esa decisión.
Porque sin conocerlas, la palabra “investigación” corre el riesgo de convertirse en una especie de comodín administrativo.
La ironía de las publicaciones institucionales
Aquí es donde las publicaciones de Facebook adquieren una dimensión casi humorística.
El Poder Judicial nos recuerda:
LA CORRUPCIÓN NO SE ENCUBRE. SE INVESTIGA.
Entonces nos debemos empezar a cuestionar si el problema no es precisamente la corrupción. Quizás el problema sea que estamos utilizando dos definiciones distintas de la palabra “transparencia”.
Una definición para las redes sociales y otra para los ciudadanos que hacen preguntas incómodas.
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