¿No se han dado cuenta la Sala IV, el Colegio de Médicos y los diputados de que la obligatoriedad lesiona el derecho a la salud? Durante todo el 2020 se habló de asintomáticos. Incluso Salas dijo que debíamos tomar a toda persona fuera de nuestra burbuja como un peligroso portador asintomático del virus.
En octubre del 2020 me contagié. Durante diez días creí que se trataba de un resfriado leve, solo la pérdida del olfato me alertó de que era algo más. Me hice la prueba y dio positivo. Al tiempo me hice examen de anticuerpos y también fue positivo. Según todos los cánones de la ciencia tuve el SARS-CoV-2 y me recuperé sin casi sentirlo. Exactamente lo mismo les pasó a mi esposa y tres hijos. Así he visto miles de casos. Las estadísticas lo confirman. Desde el 2020, sin pinchazos, solo el 1% de los activos requiere hospitalización y solo el 0,4% va a una UCI.
En 2021 me llamaron del EBAIS para que me inoculara. El argumento era que ya habían pasado cuatro meses y mis anticuerpos naturales habían desaparecido. Esos anticuerpos eran consecuencia de la enfermedad. Toda la familia había superado al SARS-CoV-2 sin tenerlos, pero ahora eran esenciales. Me negué y fui clasificado como reticente.
Leo los efectos adversos descritos por el fabricante desde antes de que lo hubieran obligado a dar la lista de los más de 1200, observo que los clasifica en muy frecuentes (1 de 10), como náuseas, fiebre, dolor en el brazo, diarrea; frecuentes, como parálisis facial, linfadenopatía (1 de cada 100), poco frecuentes como pericarditis, miocarditis y anafilaxia. Obviamente nada dice de los descubiertos más recientemente como trombocitopenia y síndrome de fuga capilar. Releo la lista y me digo: para un recuperado casi asintomático cualquiera de estos efectos le roba más su salud que el mismo virus.
Especialmente para un menor de edad, cuya tasa de hospitalización es de apenas 0,15 y de letalidad de 0,03, los efectos son peores que la enfermedad. Por ejemplo, un simple dolor de cabeza, fiebre o náuseas, cosa que da a uno de cada diez pinchados, sería peor para mí que el mismo SARS-CoV-2. No digamos de una pericarditis, una linfadenopatía, una anafilaxia o una parálisis facial. Un Estado que me obligue a pincharme me está quitando una salud que tengo a cambio de tres meses de “protección” contra un patógeno del que he estado protegido durante tres años.
Parece que la Sala IV y el Colegio de Médicos no se quieren dar cuenta de algo tan simple. La primera se escuda en una supuesta salud pública que está por encima de la autonomía de la voluntad y no se da cuenta de que está atropellando el derecho a la salud de los asintomáticos, de los cuales había millones según el “muy científico” Daniel Salas. Al Colegio de Médicos le encanta la obligatoriedad porque es sin responsabilidad. Si tuvieran alguna bramarían en contra.
Cuando una ley me quita la salud, no importa si por unos días o permanentemente, a cambio de una “protección” de tres meses que no necesito, es como si me expropiara una vivienda de 80 millones y me compensara solo con uno. A ver si con ese ejemplo entienden nuestros magistrados, médicos y diputados.
Luis Solórzano
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